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PRONUNCIAMIENTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE EL SALVADOR ANTE EL CONFLICTO
ENTRE EL ORGANO LEGISLATIVO Y LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


I. La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) ve con mucha preocupación el conflicto suscitado entre algunos diputados del Órgano Legislativo y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre el cumplimiento de las sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la referida Sala, referentes a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los años 2006 y 2012.

II. Nuestra preocupación ciudadana y pastoral se ve aumentada a raíz de los últimos acontecimientos, que más que poner fin al conflicto, lo han agudizado, sin vislumbrarse una pronta salida al mismo.

III. La norma jurídica suprema del País es la Constitución de la República, y todos los salvadoreños tenemos la obligación de respetarla y exigir su cumplimiento.

IV. La Constitución de la República establece, en su artículo 183, que a la Sala de lo Constitucional le corresponde, de forma exclusiva, conocer del procedimiento de inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos; con la facultad de interpretar la Constitución cuando es activado, mediante petición ciudadana, el control concentrado de la constitucionalidad. En el caso de las sentencias aludidas, la Sala de lo Constitucional ha actuado en el uso legítimo de sus potestades constitucionales.

V. Las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento, producen efectos erga omnes (para todos en general), y no admiten recurso alguno; toda persona natural o jurídica, así como todo funcionario u órgano del Estado, tienen que darles el debido cumplimiento.

VI. Por el bien común de la nación salvadoreña, respetuosamente instamos a la Honorable Asamblea Legislativa a dar el debido cumplimiento a las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

VII. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional declaran inconstitucionales los decretos de nombramiento de los magistrados, es decir los actos legislativos, pero no atacan a las personas elegidas por dichos actos, o sea a los magistrados mismos. Consideramos que la forma más adecuada y legal de solucionar el conflicto es que la actual Legislatura elija nuevamente a los magistrados electos en el año 2006, quienes en la actualidad desempeñan su ejercicio jurisdiccional; y se considere, en aras del bien común, y tomando en cuenta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, convalidar a los magistrados que no han tomado posesión de sus cargos.

VIII. Imploramos la sabiduría divina en la toma de decisiones de las autoridades del País, y oramos incesantemente para que este conflicto tenga pronta solución en beneficio de nuestra amada nación salvadoreña.

Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal de El Salvador, San Salvador, 28 de junio de 2012.





PRONUNCIAMIENTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE EL SALVADOR ANTE LA SENTENCIA DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA


Los Obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador, ante la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, respecto a la demanda presentada por la Asamblea Legislativa, con relación a las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en calidad de pastores y ciudadanos, expresamos nuestra posición a la población salvadoreña y centroamericana, sosteniendo que:

1- La norma jurídica suprema del País es la Constitución de la República, la que garantiza nuestros derechos y establece nuestros deberes, y a la que estamos sometidos todos los salvadoreños.

2- El Orden Constitucional establece la independencia mutua de los Órganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

3- El bien común de la nación salvadoreña nos exige a todos los ciudadanos guardar y tutelar el estado de derecho, plasmado en la Constitución de la República.

4- A la Sala de lo Constitucional corresponde, de forma exclusiva, conocer del procedimiento de inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos; con la facultad de interpretar la Constitución de la República cuando es activado, mediante peticiones ciudadanas, el control concentrado de la constitucionalidad.

5- La Sala de lo Constitucional, respondiendo a las demandas ciudadanas sobre declarar inconstitucional la elección de magistrados en los años 2006 y 2012, dictó las respectivas sentencias, que son de obligatorio cumplimiento, con efectos para todos en general, y no admiten recurso alguno, tanto en el ámbito nacional como internacional; toda persona natural o jurídica, así como todo funcionario u Órgano del Estado, tiene que darle el debido cumplimiento.

6- Nuestra norma jurídica suprema, la Constitución de la República, faculta a la Sala de lo Constitucional como el tribunal exclusivo para conocer y resolver materias de orden constitucional. La sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, ante la demanda presentada por la Asamblea Legislativa, no tiene efecto alguno sobre la materia, porque la Corte Centroamericana de Justicia es un organismo del Sistema de Integración Centroamericana competente para conocer sobre temas de integración ya establecidos en nuestra Constitución; y por tanto, es incompetente para conocer y resolver sobre las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional salvadoreña.

7- La admisión de la demanda, así como la sentencia emitida por la Corte Centroamericana de Justicia, no tienen efectos jurídicos para el País, pues exceden la potestad y las atribuciones de la mencionada Corte, violentando el orden jurídico y el derecho interno salvadoreño.

8- La Corte Centroamericana de Justicia debe respetar el orden constitucional de los países centroamericanos, limitándose a actuar conforme a lo dispuesto en su Estatuto.

Que Dios bendiga a nuestra nación y a cada uno de sus habitantes.

Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal de El Salvador, San Salvador a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil doce.















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